iTampico (c) 2007

México vive una polémica "virtual": empresarios de tecnología de la información y proveedores de servicios de internet se oponen a que el gobierno ratifique el Acuerdo Comercial Internacional de Anti Falsificación, porque los obligaría a convertirse en policías de la información cibernética.

El ACTA, las siglas en inglés del acuerdo, pretende establecer reglas internacionales para combatir la falsificación de productos, su comercio ilegal y violaciones a leyes de propiedad intelectual en los países que lo ratifiquen.

Uno de los capítulos establece que los proveedores de internet deben reportar infracciones legales que cometan sus usuarios, y en caso extremo cancelarles el servicio.

Es el punto que rebaten los empresarios del país.

Javier Allard, director de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información (AMITI), dice que esta disposición obligaría a revisar los contenidos de sus clientes, lo que implica una violación a su privacidad.

"Si pides al proveedor que vea el tráfico, decida si es ilegal y ejecute una sanción, lo conviertes en policía, ministerio público y juez", dice en conversación con BBC Mundo.

Ese no es el objetivo del ACTA, dicen autoridades mexicanas. Un informe del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) advierte que el documento no pretende "monitorear a los individuos ni entrometerse en su espacio privado".

Leer noticia en: www.bbc.co.uk

Polémica en México por el control de internet